El congresista Guillermo Bermejo presentó el Proyecto de Ley 3855/2022-CR que plantea «dar carta blanca» a fiscales para que formalicen investigaciones por delitos tributarios sin contar con informe de Sunat, de acuerdo a lo que indica de manera expresa la propuesta legislativa. 

Por lo anterior, resulta necesario dar carta blanca al Ministerio Público para que ordene las diligencias que más le convengan y que resulten pertinentes con el hecho objeto de investigación. De ese modo, se reivindica su rol como director de la investigación penal y no se le limita a actuar direccionadamente por un informe de carácter meramente administrativo y totalmente prescindible.

En concreto, el proyecto no plantea un asunto menor, lo que busca es derogar el artículo 7 de la Ley Penal Tributaria, en cuyo contenido se establece como requisito que la Sunat emita un informe previo para que el fiscal proceda a formalizar la investigación.

Artículo 7.- Requisito de procedibilidad

I. El Ministerio Público, en los casos de delito tributario, dispondrá la formalización de la Investigación Preparatoria previo informe motivado del Órgano Administrador del Tributo.

2. Las Diligencias Preliminares y, cuando lo considere necesario el Juez o el Fiscal en su caso, los demás actos de la Instrucción o Investigación Preparatoria, deben contar con la participación especializada del Órgano Administrador del Tributo

Sin embargo, esto sería contraproducente, según el congresista, pues en la práctica se le irrogaría al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, es decir, la facultad que le otorga nuestra Constitución de ser el único persecutor del delito.

Lo cierto es que este informe emitido por Sunat en investigaciones por la presunta comisión de delitos tributarios se detallan indicios sobre la existencia de delitos tributarios, sin embargo, el proyecto asegura que en la práctica los fiscales se encuentran condicionados por lo que dicta el contenido del mismo. Este informe de Sunat contiene información sobre la deuda tributaria, el monto, la persona obligada, bajo el entendido que uno de los elementos del delito tributario es la deuda tributaria. Esto parte de una idea equivocada de que la entidad estaría en mejores condiciones de determinar la deuda tributaria a diferencia de una pericia contable que el Ministerio Público pueda disponer, asegura la propuesta.

Fuente: La Ley